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March 19, 2025
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Análisis decreto de código Penal Federal y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas

reforzar la capacidad institucional y establecer una mayor coordinación en el ámbito federal y local para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Análisis decreto de  código Penal Federal y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas

📅 Fecha de publicación: 18 de marzo de 2025

📜 Norma/Regulación afectada: Código Penal Federal y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

🏛 Entidad emisora: Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.

📅 Cuando entra en vigor: Las disposiciones específicas del decreto entrarán en vigor en diferentes plazos, pero se estima que el fortalecimiento de las instituciones y normativa comenzará dentro de los 30 días posteriores a su publicación.

⿡ Resumen Ejecutivo

📌 ¿De qué trata el cambio?

El objetivo principal del decreto es reforzar la capacidad institucional y establecer una mayor coordinación en el ámbito federal y local para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Se busca introducir nuevos protocolos, fortalecer mecanismos de búsqueda y coordinar a diversas autoridades.

🔹 ¿Qué modifica o deroga?

Se crean nuevos lineamientos para la búsqueda de personas desaparecidas.

Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones locales.

Desarrollo y modernización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Se actualizan artículos relacionados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Código Penal Federal.

🔹 ¿A qué sectores o industrias impacta?

Sectores gubernamentales: fiscalías, comisiones de búsqueda y cuerpos de seguridad.

Organizaciones no gubernamentales involucradas en la búsqueda de personas y derechos humanos.

Instituciones tecnológicas a cargo del diseño y operación de registros nacionales.

🔹 ¿Cuál es la justificación oficial?

De acuerdo con lo señalado en la reforma, la falta de capacidad de respuesta en desaparición de personas ha generado la necesidad de implementar mecanismos más efectivos, fortalecer instituciones, y proporcionar recursos adecuados para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia.

⿢ Implicaciones Legales y Prácticas

⚖ Interpretación jurídica:

Se establece la obligación de las Procuradurías, Comisiones de Búsqueda y Fiscalías Especializadas de coordinarse con protocolos uniformes a nivel nacional, basándose en los principios de celeridad, exhaustividad y enfoque humanitario.

📍 Nuevas obligaciones o requisitos:

El Registro Nacional debe actualizarse en un plazo de 180 días después de su entrada en vigor.

Unidades locales deberán implementar procedimientos y registros homologados.

Las autoridades responsables tendrán plazos estrictos para certificar a su personal en técnicas de búsqueda.

📍 Posibles sanciones o multas:

Sanciones a funcionarios y entidades que incumplan con las actualizaciones previstas en los registros y protocolos de búsqueda.

Omisiones en la coordinación con familiares u organizaciones civiles podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales.

📍 Plazos clave para adaptación:

Primera etapa: 90 días posteriores a la publicación: Integración de las Comisiones Locales de Búsqueda.

Segunda etapa: 180 días posteriores a su entrada en vigor: Inicio operativo del Registro Nacional actualizado.

Otros plazos específicos dependerán de los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Búsqueda.

📍 Impacto en contratos, regulaciones previas o jurisprudencia:

Conflictos de vigencia con protocolos existentes deberán armonizarse. Además, registros actuales de desaparecidos serán migrados al nuevo sistema.

⿣ Riesgos Claves para Empresas y Abogados

🚨 Principales problemas/conflictos potenciales:

Falta de capacitación inmediata en todos los niveles institucionales.

Insuficiencia de recursos financieros y tecnológicos para implementar sistemas avanzados.

🔥 Áreas de alto riesgo legal:

Denuncias por omisión en la búsqueda de personas bajo los parámetros establecidos por la reforma.

Litigios relacionados con conflictos de competencias entre gobiernos estatales y federales.

🔥 Probabilidad de litigios o controversias:

Alta, especialmente en las etapas iniciales de implementación. Familias de desaparecidos podrían interponer amparos por incumplimiento de procesos inmediatos.

🔥 Conflictos normativos:

Existe un riesgo de que disposiciones del decreto entren en contradicción con normativas penales estatales.

🔥 Afectación a industrias específicas:

Sectores tecnológicos deberán ajustarse para cumplir con las disposiciones del Registro Nacional y desarrollo del Banco Nacional de Datos Forenses.

⿤ Oportunidades y Beneficios Potenciales

💰 Nuevas oportunidades:

Participación activa de firmas legales asesorando sobre implementación y cumplimiento normativo.

Contratación de servicios tecnológicos para desarrollo de sistemas de datos y herramientas de búsqueda.

🏆 Profundización ética:

Mejora de la imagen pública de instituciones al alinearse con estándares internacionales en derechos humanos.

🏆 Servicios legales emergentes:

Consultoría para gobiernos locales a fin de cumplir con lineamientos nacionales.

🏆 Participación social:

Asesoría pro bono o colaboración ciudadana en el reporte y monitoreo de casos de desaparición.

💡 Ejemplo:

Empresas tecnológicas podrían colaborar con la Comisión Nacional de Búsqueda para desarrollar aplicaciones de geolocalización y monitoreo en tiempo real.

⿥ Acciones Recomendadas

✅ Pasos inmediatos:

Difundir y capacitar sobre los nuevos lineamientos a nivel gubernamental y social.

Identificar roles y responsabilidades en cada nivel (local, estatal y nacional).

Crear alianzas estratégicas con ONGs y organismos internacionales para mayor eficacia en la implementación.

Cambios organizacionales necesarios:

Reestructuración administrativa en dependencias actuales.

Auditorías para identificar brechas en cumplimiento antes de los plazos establecidos.

📩 Conclusión y Recomendaciones Finales

El decreto representa un avance significativo en la búsqueda de personas desaparecidas en México, al fortalecer la coordinación interinstitucional y establecer estándares claros. Sin embargo, su éxito dependerá de la correcta implementación y asignación de recursos.

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